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DEROGADO POR COMPLETO EL D305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos

El DECRETO 194/2017, de 4 de agosto, deroga los Capítulos V y VI del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, y el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.

La derogación de estos dos capítulos se justifica básicamente por los mismos motivos por los que se derogaron los restantes capítulos en que se estructuraba el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, y es que los objetivos que en su momento sirvieron de fundamento para la aprobación del conjunto normativo integrado en el citado Decreto, están actualmente resueltos y regulados por normas técnicas que se fueron dictando por el Estado con posterioridad al mismo, en cada uno de los ámbitos sectoriales afectados, de forma que ya está garantizada la deseada seguridad en los establecimientos a los que se refiere. En concreto, y por lo que respecta al ámbito de la formación preventiva del personal, lo que quedaba por derogar, es ya una obligación empresarial que está perfectamente establecida en un modelo ya consolidado de prevención de riesgos laborales, que se ha ido implantando tras la aprobación de la normativa sectorial específica en esta materia. Normativa que tiene la naturaleza de legislación laboral dictada por el Estado, y cuya ejecución corresponde a esta Administración autonómica, de acuerdo con el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Por todo ello, el mantenimiento de los Capítulos V y VI del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, supone de facto una duplicidad no justificada a día de hoy, que además está creando confusión y distorsión en el actual marco normativo de la actividad empresarial, lo cual es cuestionable a la vista de los principios de la buena regulación que ahora se consagran expresamente en el artículo 129 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como consecuencia de ello, esta derogación también afectará a las funciones hasta ahora reconocidas al Instituto Canario de Seguridad Laboral, cuyo normativa reguladora igualmente es objeto de adaptación mediante una modificación puntual del Decreto 215/1998, de 20 de noviembre, en la Disposición final segunda.

Esta derogación no exime, a los establecimientos turísticos de alojamiento, de la obligación de disponer de medidas de seguridad y protección contra incendios, ya que todo empresario, con el asesoramiento de su servicio de prevención propio o ajeno, deberá cumplir la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo y aquella especifica que para cada sector de actividad económica sea de obligado cumplimiento.

Será ahora el Servicio de Prevención y el responsable del Plan de Autoprotección, en quien recaiga la responsabilidad sobre la seguridad en la Intervención Contra Incendios del personal, que es básicamente, lo que regulaba lo que quedaba del Decreto.

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